Por Sandra de Barraza

Desde siempre, la política educativa no se enfoca en su razón de ser. Niños y adolescentes que asisten once años a cursar Educación Básica y Media no son el foco de atención ni la razón de ser en la toma de decisiones. Todo es más importante que los estudiantes.

Los docentes y sus demandas reivindicativas ocupan mucho tiempo y energía a los funcionarios de turno. La infraestructura, mucha en pésimas condiciones, ocupa tiempo para gestionar recursos que difícilmente llegan. Los planes de estudio y la evaluación motivan largas horas de discusión y de reforma, aunque de poco sirva. Los resultados están a la vista. Los uniformes, zapatos y útiles escolares ocupan más tiempo que la supervisión del aprendizaje efectivo. En la política educativa, todo gira alrededor de la oferta.

El covid-19 obliga a repensar el sistema educativo. El covid-19 obliga a enjuiciar si el sistema logra lo básico y elemental: la armonía en las relaciones interpersonales en la familia, la escuela y la comunidad; el desarrollo de las capacidades indispensables para el desenvolvimiento en la vida diaria; la convivencia en la sociedad mediante la práctica y el respeto de valores morales, cívicos y éticos; la autoestima; la disciplina y orden en todos los ámbitos; y, entre otros, los hábitos personales para la conservación de la salud. Esto es lo elemental que la Ley General de Educación establece como mínima aspiración social. ¿Se ha logrado?

El covid-19 obligó a las autoridades a una pausa pedagógica en el sector público del 18 al 24 de mayo. Les dan un respiro a los estudiantes abrumados con exigencias académicas a las que seguramente nunca antes habían estado sometidos. Al preguntarles a un grupo de estudiantes de centros educativos ¿qué fue lo más difícil de la semana? ¡Las tareas escolares! fue la respuesta generalizada.

De un día para otro, el millón cuatrocientos mil estudiantes cambió su estilo de aprendizaje. Cerraron los centros educativos y llevan 10 semanas encerrados en sus viviendas. Debe tenerse presente que el 85 % de la matrícula es del sector público y que seguramente la gran mayoría está enfrentando limitaciones para responder a las exigencias académicas. La pausa pedagógica para el sector público es oportuna para reflexionar sobre las limitaciones que estudiantes y docentes tienen para saltar a la virtualidad desarrollando las competencias establecidas.

Según información oficial, solo el 18 % de los hogares tiene red inalámbrica (internet) en sus hogares y solo el 14 % tiene computadora en su vivienda. ¿Y entonces? El celular con recarga de datos es el recurso. El Salvador es el segundo país en América Latina con más líneas móviles por persona: hay casi 2 teléfonos móviles por persona. En su mayoría son de recarga y para cumplir con las exigencias académicas tienen que comprar datos.

¿Cuánto gastan para enviar tareas? Al menos $1.20 por cada una y muchas veces sin acusar de recibido del docente. Con tres hijos se gastan $15.00 semanales dicen madres que trabajaban por cuenta propia o en ventas ambulantes. Se han quedado sin ingreso. No tienen ni para los frijoles, mucho menos para la recarga. Esta realidad tiene a estudiantes y progenitores en vilo. ¿Qué impacto tendrá esto en la retención educativa? Que la pausa sirva para responderse ¿cómo disminuir la brecha digital? ¿Se necesita asignar transferencias monetarias para recarga de datos? La educación merece prioridad financiera.