Plataformas de Diálogo Anticorrupción – Entrega IV
Para generar un diálogo amplio y diverso en la sociedad salvadoreña, con el objetivo de construir las bases, bajo una visión de largo plazo, de un acuerdo de país contra la corrupción en El Salvador, la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Francisco Gavidia están desarrollando el proyecto “Plataformas de Diálogo Anticorrupción”.
En esta 4ª. y última entrega está dedicada al Sistema de Justicia y a un Sistema Político moderno, en torno a los a siete ejes ordenadores, por lo que damos a conocer los 6º. y 7º. ejes de dicha iniciativa. Las medidas, pensadas para prevenir, detectar y castigar la corrupción, han surgido de las mesas de diálogo y son planteadas desde diferentes dimensiones: culturales, sistémicas, de responsabilidad y rendición de cuentas, en un marco democrático y coherente con recomendaciones, estándares y buenas prácticas internacionales.
PARTE IV.
6. Sistema de justicia independiente y contra de la impunidad.
Los participantes de todas las mesas de trabajo tienden a tener un consenso en cuanto a considerar que el sistema de justica es débil y no trabaja adecuadamente, estando sometido a influencias indebidas. Por otra parte, respecto de las leyes, hay desconocimiento sobre quién regula, quién las debe aplicar y quién debe dar la debida y pronta respuesta ante denuncias y juicios relativos a actos de corrupción. Agregan que el sistema de justicia se rige por un buen número de leyes que conceptualmente están obsoletas y otras que incluso se contradicen, dando espacio a prácticas indebidas.
Se señala que hay personas que comenten actos de corrupción, aunque conocen la ley. Ante esta situación, es necesario crear mecanismos y reformas para desmontar y castigar con fuertes sanciones y condenas a quienes han usado espacios y resquicios para burlar las leyes y cometer delitos, estableciendo un modus operandi de corrupción que se ha llegado a ver como algo normal. Frente a las malas prácticas, se demanda la creación o el fortalecimiento de sistemas de denuncias institucionales accesibles para la sociedad civil, y establecer condiciones que protejan a los denunciantes.
Se requieren leyes que permitan establecer sanciones, se persigan y se castiguen los casos de corrupción con penas duras que permitan sentar precedentes. Es imperativo dar pasos firmes para cerrar los espacios a la impunidad sin importar que tipo de personas cometan los actos de corrupción, ya que ante la ley todos somos iguales. Es importante que El Salvador sea parte activa de todas las instancias internacionales que buscan combatir y castigar el flagelo de la corrupción.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Reformar el Estado, fortaleciendo las instituciones y el balance democrático de poderes, actualizando la normativa de leyes para la prevención, detección y sanción de la corrupción de acuerdo con las normas contenidas en las convenciones internacionales contra la corrupción de la OEA y de la ONU.
b. Frenar la impunidad estableciendo casos ejemplarizantes que sienten un precedente. Se demanda que en los casos que son llevados a juicio, existan condenados y encarcelados, con penas y sanciones fuertes, pero respetando en todo momento el debido proceso y las garantías constitucionales.
C. Fortalecer a la Corte Suprema de Justicia en su independencia, mediante un sistema adecuado de elección o selección de sus magistrados, que asegure la alta preparación jurídica de los titulares del cargo, mediante un proceso transparente que disminuya la intervención o aplicación indebida de criterios político-partidistas en su designación.
d. Mejorar sustancialmente la pertinencia y eficiencia de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, para que sea parte activa y eficaz en la lucha contra la corrupción, rindiendo cuenta permanentemente a la ciudadanía y a otros órganos públicos de su celeridad, imparcialidad y efectividad.
e. Fortalecer la Fiscalía General de la República, mediante un sistema adecuado de elección o selección de su autoridad máxima, que asegure la alta preparación profesional del Fiscal General, y de un proceso transparente que disminuya la intervención y aplicación indebida de criterios político-partidistas en su designación. Incrementar la disposición de recursos administrativos y financieros orientados al fortalecimiento de las actividades de investigación, contando con un presupuesto asignado en base a un porcentaje proporcional del presupuesto general de la nación. Además, la especialización del personal y de sus unidades debe ser asegurada mediante recursos propios o mediante mecanismos de cooperación con organismos internacionales especializados en la persecución penal de la corrupción y en la recuperación de activos.
f. Fortalecer la Policía Nacional Civil mediante más recursos, depuración y tecnificación para mejorar sustancialmente su apoyo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República y el cumplimiento de las medidas judiciales, especialmente en casos de gran corrupción. Una medida en ese sentido es asegurar que se cuenta con unidades especializadas en este tipo de delitos, con códigos de conducta y procedimientos internos rigurosos, que sean un apoyo efectivo a las investigaciones, contribuyendo al fomento del Estado de Derecho. La cadena de la justicia debe ser tan fuerte como el más débil de sus eslabones y la Policía Nacional Civil es una parte esencial de dicha cadena.
g. Revisar las leyes sobre justicia, garantías procesales, inmunidades y persecución penal de los casos de corrupción para ajustarlas a los estándares internacionales y buenas prácticas. Este trabajo, que debe ser liderado por un equipo de notables que conformen una comisión de revisoría, tendrá por objetivo actualizar, depurar y mejorar el cuerpo de leyes del país en el combate a la corrupción y la impunidad, en el marco de un debate abierto con participación de sociedad civil y expertos nacionales e internacionales. Los departamentos jurídicos de los organismos internacionales (OEA, ONU) y la cooperación internacional podrán apoyar esta revisión.
h. Reformar las leyes de tal forma que establezcan claramente el deber de denunciar los actos de corrupción en el Estado. Este deber debe aplicarse en toda entidad pública, incluidas las empresas en las que el Estado tenga participación. Los servidores públicos son testigos clave de prácticas de corrupción, son quienes conocen los mecanismos internos, fallas del sistema y vacíos en las normas que facilitan las operaciones corruptas. Por eso, deben establecerse sistemas de denuncia de corrupción en cada entidad pública, que faciliten el reporte a las autoridades competentes, y que además protejan al denunciante, por ejemplo, mediante el uso de buzones especiales, líneas telefónicas anónimas, oficinas de denuncia especializadas y procesos eficaces de gestión de denuncias. En este sentido, El Salvador debe dar aplicación a las recomendaciones recibidas de la OEA y a las guías de la ONU sobre la materia.
i. Crear condiciones para estimular y proteger la denuncia ciudadana de cara a una nueva cultura de combate a la corrupción. Esto requiere que el Estado garantice la confidencialidad y la seguridad de la persona denunciante y sus familias, tomando medidas preventivas y de detección de malas prácticas de represalias contra particulares que hayan denunciado irregularidades en entidades públicas y gobiernos municipales. También deben establecerse medidas y políticas claras para respetar y proteger a solicitantes de información pública, y a personas que ejerzan su derecho a participar en la gestión de los recursos y en las decisiones públicas, de acuerdo con la ley.
j. Normar para que, en casos de funcionarios investigados por algún caso de corrupción, se les separe del cargo mientras se lleva a cabo el proceso de investigación, y si es encontrado culpable que la pena no sea sólo económica, sino que lleve a la destitución de su cargo. Para casos de corrupción, la declaración de reserva en el proceso judicial no debe aplicarse.
k. Establecer y aplicar sanciones disuasivas a los actos de corrupción, tanto de tipo administrativo, disciplinario como penal, castigando con fuerza e incentivando que las instituciones del Estado cumplan sus funciones aplicando a cabalidad las leyes. Fijar las sanciones a los actos de corrupción, sin tratos preferenciales, no importando la posición en el gobierno, orientación política, situación económica o social del individuo, para garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la ley.
I. Incorporar en una sola ley anticorrupción todas las formas de corrupción y sus castigos, incluyendo mecanismos de sanción a las empresas públicas y privadas involucradas en este tipo de delitos. Esta legislación única debe además detectar y castigar el uso de prestanombres, y asegurar la confiabilidad y trazabilidad de los registros de propiedad y activos, de acuerdo con las nuevas prácticas internacionales.
m. Reformar el ordenamiento jurídico para que el delito de corrupción no prescriba, o al menos su prescripción sea después de 20 o 30 años de cometidos los hechos.
n. Revisar el ordenamiento jurídico para favorecer la extradición de extranjeros y nacionales acusados de participar en actos de corrupción, y fortalecer la cooperación y la asistencia técnica internacional anticorrupción. Dar pronto cumplimiento a las recomendaciones que han recibido el Estado desde la OEA y la ONU para mejorar su marco jurídico y la aplicación de leyes contra la corrupción.
7. Sistema político moderno con prácticas democráticas
En las mesas de diálogo se identificó como causa de la corrupción a los partidos políticos, porque ellos no han evolucionado y no han puesto la debida atención para hacer un compromiso de lucha contra este mal social.
Los partidos políticos están llamados a jugar un papel determinante en el correcto funcionamiento del sistema político salvadoreño, pero también en la formulación de las leyes, normas, políticas y medidas que gobiernen la relación del Estado y las personas de manera democrática y en el marco de un Estado de Derecho. Sin embargo, la ciudadanía percibe una realidad muy diferente.
El sector político es señalado recurrentemente como responsable de los actos de gran y pequeña corrupción en el país, sea directamente o a través de funcionarios. En otros casos, se le percibe como cómplice de los actos de corrupción por no tomar las medidas pertinentes para combatirla y castigarla. A esto se suma que las prácticas internas de los partidos políticos -democracia interna, financiamiento y sus procesos de toma de decisiones- en general son obsoletos y opacos, por lo que se perciben como actores socialmente deslegitimados y fuente de corrupción en las entidades estatales, lo cual también tiende a estar asociado con el clientelismo político.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Reforzar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, mediante el establecimiento de sanciones de tipo electoral efectivas, por ejemplo: revirtiendo la victoria, suspendiendo el acceso a la deuda política o cancelando su existencia por no cumplir con la obligación de informar las fuentes de financiamiento, el cual debe estar sometido al escrutinio público.
b. Exigir al Tribunal Supremo Electoral cumplir con las leyes que lo facultan para ejercer control y fiscalización de los partidos políticos, sancionando a aquellos que las incumplan.
c. Se percibe demasiada permisividad por parte de los partidos políticos con sus correligionarios ya que ellos guardan silencio ante cualquier incumplimiento de la ley por alguno de sus miembros. Esta actitud debe ser sujeta a la sanción correspondiente, no solo por el mismo instituto político, sino también por las leyes correspondientes.
d. Reformar la normativa de la Corte de Cuentas de la República estableciendo mecanismos regulatorios para auditar el financiamiento de los partidos políticos.
e. Establecer mecanismos para que los sujetos obligados a rendir cuentas sean los candidatos a cargos públicos, tanto en materia de ingresos como de gastos. Es recomendable que cada candidato elabore un reporte contable de los ingresos y gastos de su campaña, y que estos sean reportados al partido político y al Tribunal Supremo Electoral, de tal forma que esta responsabilidad no recaiga únicamente en la agrupación política sino también en cada persona que participe en una elección popular.
f. Establecer sanciones penales, administrativas y económicas sobre anomalías en esta materia, promoviendo una coordinación conjunta del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a los casos de corrupción en la administración de los fondos de partidos políticos.
g. Evaluar la reforma a la Constitución de la República dirigida a garantizar la posibilidad de candidaturas no partidarias a la Presidencia de la República. En este punto existen consensos y disensos, especialmente acerca de cómo equilibrar la apertura a más opciones y madurez del sistema político.
h. Permitir la fiscalización independiente de los partidos políticos, y fiscalizar las componendas políticas en la Asamblea Legislativa. La ciudadanía debe contar con un comité que nos informe de las actividades y actos que desarrollan los partidos políticos.
i. Prohibir acceder a cargos, o destituir, a los diputados, diputadas, y funcionarios que cometan actos de corrupción.
j. Exigir requisitos de notoriedad, ética y valores a las personas que seleccionan los partidos políticos como candidatos a cargos de elección popular, para que respondan a los intereses del país y no a los de los partidos políticos.
k. Establecer condiciones que regulen el nombramiento de los puestos de confianza en el Gobierno Central y en los gobiernos locales, mediante la definición de requisitos a cumplir y los mecanismos de selección, y que estos sean auditados por la sociedad civil.
l. Revisar las sanciones económicas a los partidos políticos ante el incumplimiento de las leyes, ya que son bajas. Deben ser sustancialmente más altas para forzarlos a cumplir la ley.
m. Invitar a los grupos sociales a que se avoquen a la Asamblea Legislativa para que se aprueben las leyes para combatir y castigar la corrupción. La Asamblea Legislativa es la casa del pueblo, cualquier ciudadano debería poder acercarse al parlamento para promover piezas de correspondencia.
Entrega completa:http://www.bksite.ujmd.edu.sv/la-universidad/especiales-matias
