Plataformas de Diálogo Anticorrupción – Entrega III
Para generar un diálogo amplio y diverso en la sociedad salvadoreña, con el objetivo de construir las bases, bajo una visión de largo plazo, de un acuerdo de país contra la corrupción en El Salvador, la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Francisco Gavidia están desarrollando el proyecto “Plataformas de Diálogo Anticorrupción”.
En esta 3ª entrega y en torno a los a siete ejes ordenadores, damos a conocer los 4º. y 5º. ejes de dicha iniciativa. Las medidas, pensadas para prevenir, detectar y castigar la corrupción, han surgido de las mesas de diálogo y son planteadas desde diferentes dimensiones: culturales, sistémicas, de responsabilidad y rendición de cuentas, en un marco democrático y coherente con recomendaciones, estándares y buenas prácticas internacionales.
PARTE III
4. Estado al servicio de la ciudadanía
Se percibe la incapacidad de las entidades públicas para servir en función de los intereses del país. Muchas veces convirtiéndose en medios para lograr los intereses personales del funcionario de turno, apropiándose corruptamente de recursos incluso mediante acuerdos políticos. Por otro lado, en un contexto de diferencias inexplicables en las condiciones y remuneración de servidores públicos, favoreciendo un Estado disfuncional. En estas circunstancias, la ciudadanía percibe que no es eje central de las decisiones públicas, y que el Estado no la protege.
En las mesas de diálogo se señaló reiteradamente la debilidad institucional y la politización de las entidades públicas de El Salvador, lo cual se convierte en un factor determinante de estímulo a la corrupción, porque no se teme ser investigado ni castigado, o porque se sabe que hay amplios espacios para quedar impunes. El clientelismo y el favorecimiento político se vuelven moneda corriente que socava la confianza en las entidades públicas.
Esta situación se exacerba por la opacidad del funcionamiento del Estado, lo cual impide que la ciudadanía y las entidades de control puedan advertir oportunamente los riesgos de corrupción, ejercer una contraloría y una denuncia ciudadana de las malas prácticas. A pesar de los avances de los últimos años, la transparencia es aún un desafío en el ejercicio del poder público.
También se observa que el poco compromiso del sistema judicial en la investigación y persecución de los delitos de corrupción se refuerza negativamente cuando las entidades de control, como la Corte de Cuentas de la República, no cumplen cabalmente su función, restan importancia a la corrupción e incluso llegan a justificarla.
Las mesas consideran que el Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, priorizando los intereses del país, y sus actuaciones deben ser legales, legítimas y transparentes, expuestas al escrutinio ciudadano.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Adoptar y aplicar por parte del Gobierno Central, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, las leyes para la prevención, detección y sanción de la corrupción teniendo como base mínima los estándares y normativas definidos por la OEA y la ONU en los tratados internacionales anticorrupción.
b. Para esto deberá hacerse un examen del estado de adhesión de El Salvador a dichos tratados y evaluar las recomendaciones efectuadas por los entes internacionales, con miras a una agenda de reformas jurídicas anticorrupción.
c. Aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción desde el Estado y las diversas entidades responsables de la prevención, detección y sanción a la corrupción. Estas políticas deben promover la participación de la sociedad civil, y convocar a diversos actores que colaboren con la superación de los desafíos de integridad pública, mediante el diálogo, la crítica democrática y la colaboración. El desafío de mantener políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción es su inclusividad y continuidad, por lo que deben alentarse el diálogo y los métodos democráticos para su diseño, implementación y evaluación.
d. Valorar en su real dimensión la jerarquía e importancia de los denominados funcionarios de segundo grado. Se trata de personas de la más alta jerarquía, garantes del Estado de Derecho y de los límites del ejercicio del poder político en el país. Debe definirse un nuevo modo de selección de estos funcionarios, revisando los mecanismos existentes para ajustarse a las buenas prácticas reconocidas, mejorando el nivel de trasparencia del proceso, y evitando que sean única y exclusivamente elegidos por el sistema político.
e. Tener una nueva ley de Servicio Civil, que garantice a la ciudadanía que quienes trabajan en las entidades públicas cuentan con la preparación, experiencia y actitud adecuadas para el cargo. Esta nueva ley debe asegurar que ingresen servidores públicos idóneos a la administración, y donde los ascensos se basen en méritos y desempeño, suprimiendo así el clientelismo y el favorecimiento político como medio para acceder a cargos públicos. El servicio civil debe traducirse en una carrera administrativa, basada en procesos transparentes y eficientes, al servicio de la ciudadanía, como lo disponen los compromisos internacionales del Estado salvadoreño.
f. Reformar leyes para regular los límites de la discrecionalidad de las personas que se desempeñan en la Administración Pública. Junto con leyes que regulen las decisiones de éstos, deben implementarse códigos de conducta en las entidades públicas, con reglas clara dirigidas a que sus actuaciones u omisiones estén apegadas a derecho. Esto debe ir acompañado con programas permanentes de sensibilización y capacitación que les facilite conocer sus deberes, derechos, obligaciones y las sanciones a que se exponen por delinquir.
g. Fortalecer el rol y la independencia de la Corte de Cuentas de la República, para que puedan prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas, en sus respectivos ámbitos de actuación. Una medida posible es que la Corte de Cuentas de la República ejerza una labor de control previo de aquellos actos administrativos más importantes del Ejecutivo, y que sus acciones de control ex post sean oportunas y enfocadas en auditorías de desempeño. De esa manera, esta institución contribuiría a fortalecer la integridad pública y a generar información valiosa sobre el desempeño de las entidades públicas, de modo de ayudar a la ciudadanía a evaluar el funcionamiento de un Estado al servicio de éstos.
h. Promover planes y políticas para el desarrollo y la capacitación del talento humano, asignando recursos administrativos y financieros para mejorar el desarrollo de las competencias de los funcionarios públicos. Esto incluye capacitar para generar competencias relativas al desempeño de sus funciones técnicas y administrativas, y en la aplicación de los valores coincidentes con la organización estatal y el interés general.
i. Fortalecer la integridad estatal mediante la creación de contralorías internas dentro de las instituciones, con normativas y condiciones que permitan un seguimiento y control interno efectivos generando cambios sustanciales para una sana administración pública. Otra medida es el fortalecimiento del control interno estatal y de las auditorías externas e internas, mediante la adhesión a las normas internacionales generalmente aceptadas y a estándares actualizados para el control interno y externo en las entidades públicas.
j. Hacer más eficaces y eficientes los procesos judiciales para brindar una justicia pronta y debida. Para esto el sistema de justicia debe lograr una reingeniería en sus operaciones. La mora judicial plantea la necesidad de establecer un análisis de la demanda y la capacidad instalada, para cumplir los tiempos establecidos en la ley y respetando las garantías procesales. Una justicia lenta es lo más parecido a la injusticia, pero una justicia sin garantías tampoco es justicia. En ese difícil equilibrio debe perseguirse una justicia al servicio de la ciudadanía.
k. Fomentar aún más la transparencia en las instituciones públicas, encaminándose a entregar cada vez mayor y mejor información, apta para la comprensión y uso de la ciudadanía. Para esto pueden implementarse iniciativas más ambiciosas de gobierno abierto, que desafíen a las entidades públicas a brindar mejores servicios a través de información de calidad y herramientas tecnológicas más eficaces para servir a la ciudadanía. El Instituto de Acceso a la Información Pública debería ser parte de un esfuerzo sostenido, apoyado por recursos del presupuesto de la nación, para ampliar el horizonte informacional en el Estado, y para promover agendas que pongan al país en altos niveles de desarrollo en la materia.
I. Ir más allá del gobierno abierto y favorecer el Estado abierto, llevando la información, la participación y el diálogo constructivo al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, mediante iniciativas impulsadas por las entidades respectivas o por la sociedad civil demandando cambios sustantivos en la manera de ejercer sus funciones de cara a la ciudadanía.
m. Promover la generación y uso de datos abiertos. El Estado es el mayor poseedor de datos del país y puede mejorar su relación con la ciudadanía y prevenir la corrupción, mediante iniciativas para ofrecer y promover el uso de datos abiertos, así como métodos y tecnologías destinadas para tal fin.
n. Dotar de mayor independencia y estabilidad en sus funciones a los Oficiales de Información Pública, de manera de garantizar un trato imparcial a los ciudadanos que solicitan información y la aplicación efectiva del principio de transparencia.
ñ. Exigir a los funcionarios públicos de mayor rango una declaración de interés previo a su elección o designación, durante el ejercicio de sus funciones y al cierre de estas. Asimismo, sancionar a quien no declare un interés o que altere los hechos en su declaración.
o. Que se rinda, a través de los medios digitales y de manera obligatoria, la declaración patrimonial los servidores públicos, sean por nombramiento o elección popular, desde el inicio de sus funciones, y cada año, hasta el cese de sus labores, cuando debe entregar su último informe.
p. Mejorar la elaboración de leyes mediante un mejor diseño de la gestión en la Asamblea Legislativa, comisiones y cuerpo técnico que presentan y discuten los proyectos de ley. Una medida que podría contribuir a eso es dotar a este órgano del Estado de un cuerpo de asesores especializados y compartidos, suprimiendo los de índole personal o por partido político, los cuales son financiados con recursos públicos.
q. Contar con un sistema de justicia íntegro y apto durante el proceso, desde el inicio de la investigación, la recopilación de pruebas, la judicialización del caso y la condena. En los procesos judiciales se vuelve necesario contar con el mejor perfil profesional posible de las personas que desempeñan sus funciones policiales, fiscales y como jueces. La profesionalización de los encargados de la administración del sistema de justicia es una obligación del Estado con miras a contar con los mejores cuadros de profesionales sirviendo a la promoción de la transparencia y lucha anticorrupción.
5. Sector privado comprometido con la integridad
En el país, el 99.5% de las empresas son pequeñas o microempresas, y de estas últimas, el 72.0% son de carácter informal, donde los programas de responsabilidad social empresarial son escasos o inexistentes, y la presencia del Estado es débil o ausente.
Las empresas desarrollan sus actividades de negocios entre sí; algunas son proveedoras del Estado y la mayoría de ellas se relaciona con éste a través de sus contribuciones tributarias o como receptoras de algunos de los beneficios estatales. En todos esos planos, el establecimiento de un ambiente de integridad organizacional, buenas prácticas éticas en los negocios y la prevención del fraude y la corrupción son un desafío.
Se considera que las empresas pueden aportar insumos, desde sus propias actividades e intereses, para crear ambientes sanos de negocios y prevenir la corrupción. Asimismo, pueden establecer relaciones de confianza con el Estado en la medida que promueven sus objetivos con el compromiso de cumplir y hacer respetar las leyes y contratos.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Promover entre las empresas el Pacto Global de las Naciones Unidas, que establece valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. El principio 10 establece que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Las empresas deben ser llamadas a suscribir compromisos públicos para el cumplimiento de este principio, especialmente aquellas que son proveedoras del Estado.
b. Generar incentivos desde el Estado para la promoción entre las empresas, especialmente grandes y medianas, de programas de cumplimiento para la prevención del fraude y la corrupción. Estos incentivos pueden ser tributarios, penales o administrativos, y deben ayudar a que las empresas puedan implementar más fácilmente políticas corporativas, códigos de ética, sistemas de denuncia de fraude y corrupción, entre otras medidas. La discusión y diseño de incentivos puede apoyarse en la cooperación con organismos que las promueven, como son la OCDE, UNODC y el Banco Mundial.
c. Establecer mecanismos confiables de denuncia de corrupción en el Estado, con garantías de protección a las empresas denunciantes. Estos mecanismos deben evitar todo tipo de represalias de una autoridad pública sobre la empresa, tales como retrasos injustificados en permisos, trámites y licencias, o la discriminación arbitraria en el otorgamiento de beneficios o sanciones legales.
d. Promover las buenas prácticas en las empresas, mediante proyectos que inculquen principios y valores en sus trabajadores, en todos los niveles, para contribuir de manera determinante en el cambio cultural que necesita la sociedad salvadoreña. Es importante masificar el fomento de valores y ética en el trabajo, la familia y la sociedad, por lo cual es necesario crear un marco normativo privado para que toda empresa formal tenga un código de ética y programas para tutelar su cumplimiento, de acuerdo con las buenas prácticas internacionalmente reconocidas.
e. Generar proyectos formativos en el sector público y privado a través de programas específicos de valores y ética, derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos, con el apoyo del INSAFORP.
f. Apoyar los esfuerzos del sector privado para que las empresas adopten la normativa ISO 26000, que define ampliamente los estándares en pro de la transparencia en la gestión empresarial. El estándar 26000 requiere el apoyo mediante esquemas de incentivos y acciones concertadas entre entidades públicas y empresas privadas.
g. Involucrar a los medios de comunicación y a las agencias de publicidad a través de iniciativas enfocadas en premiar los liderazgos positivos y la integridad en el sector público y privado, así como crear campañas informativas que promuevan principios y valores, con el objetivo de cambiar la cultura de permisividad hacia la corrupción que impera en la sociedad salvadoreña.
h. Estudiar un marco integrado de propuestas de ética en los negocios y prevención del fraude, que integre a las empresas, a los usuarios y consumidores, a los entes reguladores y a las universidades, con miras a elaborar una agenda de reformas y cambio, que incluya también la discusión sobre una política de formalización de empresas en el país.
Entrega completa: http://www.bksite.ujmd.edu.sv/la-universidad/especiales-matias
