Plataformas de Diálogo Anticorrupción – Entrega II
Para generar un diálogo amplio y diverso en la sociedad salvadoreña, con el objetivo de construir las bases, bajo una visión de largo plazo, de un acuerdo de país contra la corrupción en El Salvador, la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Francisco Gavidia están desarrollando el proyecto “Plataformas de Diálogo Anticorrupción”.
Estas medidas, pensadas para prevenir, detectar y castigar la corrupción, han surgido de las mesas de diálogo y son planteadas desde diferentes dimensiones: culturales, sistémicas, de responsabilidad y rendición de cuentas, en un marco democrático y coherente con recomendaciones, estándares y buenas prácticas internacionales.
Este cúmulo de iniciativas se ha aglutinado en torno a los a siete ejes ordenadores, a continuación, damos a conocer el 2º. y 3º. de dicha iniciativa.
PARTE II.
2. EDUCACIÓN CENTRADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE VALORES Y ÉTICA DE CIUDADANOS
Se considera que la educación debe ser la mayor apuesta, un esfuerzo de país, brindando apoyo a las familias, muchas de ellas fragmentadas, en la formación de futuros ciudadanos de bien.
La educación debe reorientarse para generar una nueva cultura de ética y de responsabilidad social, la cual debe ser construida desde lo parvulario hasta la educación superior, para fomentar y promover los valores y la ética en estudiantes y futuros profesionales, así como inculcar sus derechos, deberes y responsabilidades.
Algunos participantes en las mesas de diálogo consideran que un aspecto importante a considerar es que la juventud salvadoreña no muestra interés y carece de motivación para participar en acciones que conlleven a denunciar y hacer contraloría social para combatir la corrupción o señalar los casos de impunidad.
Durante el diálogo, se consideró que la educación se debe ver más allá del contexto tradicional, porque esta función formadora también debe aplicar a todas las instancias gubernamentales y organismos sociales, para crear una cultura de lucha contra la corrupción y la impunidad.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Reformar el sistema educativo a partir de buenas prácticas y la formación de las competencias necesarias para ello. Se estima necesario hacer un cambio en los programas educativos del sistema nacional, complementándolos con la debida capacitación de los maestros y maestras en la formación en valores, principios, deberes y derechos, primero como personas, para luego aplicarlos en el ejercicio de su ciudadanía. Para desmontar el andamiaje de la corrupción, es preciso retirar los conceptos educativos erróneos, que incluyen antivalores que se han transmitido por generaciones, como son el egoísmo, la avaricia, las necesidades personales y el bien únicamente personal.
b. Establecer un modelo educativo transversal, tanto en el sistema público como en el privado, mediante dos grandes ejes de formación: 1) los docentes responsables de la formación de estudiantes, y 2) los padres de familia responsables de la formación en el hogar, para que incidan en la sociedad eliminado las malas prácticas y los actos de corrupción.
c. Dar a conocer mediante el programa de educación transversal a los niños en particular y a la ciudadanía en general, las leyes y normas sobre sus deberes y derechos. En este contexto, se considera indispensable hacer énfasis en las consecuencias y sanciones a que se enfrenta la persona por violar la ley, para que haya temor a delinquir.
d. Divulgar lo que se enseña en los programas de educación a través de los medios de comunicación, para que estos valores y normas lleguen a todos los habitantes en El Salvador de manera coincidente.
e. Introducir conceptos de educación temprana dirigidos a implantar la enseñanza de urbanidad, moral y cívica, identidad cultural, sentido de pertenencia; para tener un mayor impacto en un proceso de cambio cultural. La escuela está llamada a jugar un papel determinante y trascendente, porque allí se brindan conocimientos y se va formando a la persona desde su niñez. Por ello, dicha formación debe iniciar desde la educación parvularia hasta la educación superior.
f. Crear programas de difusión e internalización conceptual para padres debido a que desconocen los valores y principios, así como los deberes y derechos de los que son sujetos. El trabajo que desarrolla el personal docente en las escuelas se debe ver como una extensión y complemento de las enseñanzas en el hogar.
g. Devolver el control a los maestros en las aulas de clase, debido a que en reformas educativas anteriores se le entrego poder al estudiante para tener control sobre los primeros. Es imperativo desideologizar el magisterio ya que responde a lineamientos políticos. Los sindicatos tienen mayor poder e influencia en las decisiones por encima de la autoridad del Ministerio de Educación.
h. Fomentar la participación a través de un programa de formación integral en valores, participación y ética, desde la niñez hasta los adultos, en el cual se promueva la participación ciudadana en las decisiones del Estado. El derecho a preguntar y la curiosidad deben ser promovidos desde la más temprana edad, y los adultos deben aprender a aceptarlas y respetarlas.
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA
En general, existe una insuficiente participación ciudadana en los asuntos públicos, lo que da espacios para que haya arbitrariedad en la gestión del Estado. La falta de apertura de espacios para la participación ciudadana no sólo afecta a las personas que no tienen posibilidad de ejercer sus derechos, sino también al Estado, el cual deja de percibir insumos relevantes que podrían dotar de mayor eficacia sus acciones.
Una razón de la baja participación y escrutinio ciudadano se debe, en gran parte, a que el mayor protagonismo lo tienen instituciones que representan a grupos minoritarios de presión y/o sensibles que actúan bajo dominio político. Esto constituye un factor de desincentivo, por lo que las grandes mayorías no participan.
Otro factor es el hecho de que, en estos tiempos de comunicación abierta y masiva a través de medios digitales, la participación se ve alterada por la amplia diseminación de información falsa (fake news), que ha contaminado ampliamente a las redes sociales.
Esto se ve agravado porque, en general, hay poca información veraz y comprobable, existe un bajo nivel de educación y una baja capacidad de análisis, todo lo cual contribuye a que no haya motivación ni estímulos para una mayor participación ciudadana.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Fomentar y promover la libre asociatividad de la ciudadanía, propiciando el ejercicio de sus derechos, contando con instituciones que velen y garanticen la seguridad y la libre participación, sin temor a represalias a sus familias o en sus puestos de trabajo. Junto con esto, la formalización de los grupos de la sociedad civil interesados en participar y ejercer contraloría social, sin que ésta se encuentre limitada por decisiones discrecionales de las servidoras y servidores públicos.
b. Promover la participación ciudadana en las decisiones del Estado y fomentar que la sociedad civil ejerza una contraloría social de manera independiente. Esto incluye fomentar la participación a través de programas educativos de formación y práctica de participación desde la niñez hasta la adultez. Asimismo, establecer medidas gubernamentales que faciliten y refuercen la participación en las entidades públicas.
c. Crear una instancia ciudadana que promueva y vigile la Agenda de País Anticorrupción. Se trata de una instancia que incida en reformas, promueva el debate y evalúe el avance de la agenda nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. Esta podría tratarse de un centro de monitoreo, un observatorio para las reformas u otro similar, que haga seguimiento al acuerdo de país contra la corrupción, de manera independiente, con participación de universidades y organizaciones, garantizando su independencia mediante fondos de cooperación internacional públicos, privados o multilaterales. Esta instancia debería elaborar reportes públicos dirigidos a la ciudadanía, a las entidades públicas y a los organismos internacionales y multilaterales.
d. Promover las contralorías independientes, desde la sociedad civil y con posibilidades de participación de diversos actores. En ese marco, resulta valioso reforzar el rol de las universidades. En ese sentido, se planteó la conveniencia de crear en todo el territorio nacional, a través de las universidades, mecanismos de contraloría social que también incluya a organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ONG, entre otros, para tutelar el cumplimiento de las promesas que hacen los actores políticos, mediante mesas de evaluación, cuyos resultados deben ser dados a conocer por los medios de comunicación.
e. Que las universidades acreditadas sean facultadas por ley para que puedan auditar a las instituciones públicas, las que deben estar obligadas a publicar documentos de rendición de cuentas cada trimestre. A las instituciones se les debe poner un tiempo definido por la ley, para subsanar cualquier observación o discrepancia; y de no hacerlo, que las universidades tengan la facultad de ley para enviar estos casos a las instancias respectivas para que sean judicializados. Existen consensos y disensos en esta solución propuesta, ante la necesidad imperativa de aperturar más opciones de instituciones contraloras externas a la administración pública.
f. Garantizar una total independencia de las universidades para no ser capturadas por el sistema político, ya que en este contexto están llamadas a convertirse en tanques de pensamiento, generando opinión, discusión y promoviendo las buenas prácticas contra la corrupción.
g. Promover con mayor énfasis las asociaciones de desarrollo comunal y la participación a nivel municipal, dando a conocer la importancia de la participación local. Este es el mejor método para que la ciudadanía se involucre en las actividades de monitoreo, control y presentación de propuestas, viéndose fortalecida la participación y contraloría ciudadana.
h. Promover el uso de las tecnologías de la información, el desarrollo de aplicaciones y el uso de datos abiertos, para que la población pida y reciba información, la pueda usar para sus decisiones y exigir sus derechos, y pueda denunciar problemas e irregularidades.
i. Crear un sistema en el ámbito de la Asamblea Legislativa que facilite la participación ciudadana mediante un sistema (aplicaciones o programa especial) que permita el diálogo y la retroalimentación en una relación directa con los diputados. Este podría constituir la base de un programa que ayude a mover al país hacia dinámicas poliárquicas, que garanticen la pluralidad y amplia participación.
j. Crear condiciones para estimular y proteger la denuncia ciudadana de cara a una nueva cultura de combate de la corrupción, lo cual requiere que el Estado garantice la confidencialidad y la seguridad de las personas y sus familias; así como la participación ciudadana en todos los procesos de investigación de actos de corrupción, para que actúen como agentes de contraloría social.
Entrega completa: http://www.bksite.ujmd.edu.sv/la-universidad/especiales-matias
