Plataformas Anticorrupción Entrega 1
La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada.
A continuación, se dará a conocer un informe en varias entregas acerca del documento con los puntos de vista y opiniones de muchos autores y especialistas en el tema contra la corrupción.
PARTE I.
Para generar un diálogo amplio y diverso en la sociedad salvadoreña, con el objetivo de construir las bases, bajo una visión de largo plazo, de un acuerdo de país contra la corrupción en El Salvador, la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Francisco Gavidia están desarrollando el proyecto “Plataformas de Diálogo Anticorrupción” el cual inició sus actividades en septiembre de 2017. La iniciativa cuenta con el apoyo del Proyecto Pro-Integridad Pública de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Para cumplir el objetivo trazado, se han establecido cuatro plataformas las cuales, a través del diálogo, están cimentando las bases para la construcción del acuerdo de país contra la corrupción. Las plataformas son las siguientes:
a. Plataforma de Diálogo y Sostenibilidad de Acuerdos. Se identifica la problemática, sensibilizando a las y los participantes para lograr consensos y disensos.
b. Plataforma de Diálogo Democrático y Generación de Agendas. En ella se definen las alternativas de solución a la problemática.
c. Desarrollo de Plataformas Anticorrupción. Se crearán, con el aporte de los participantes, las mejores alternativas de solución posibles.
d. Bases de un Acuerdo de País contra la Corrupción. En esta plataforma se propone el primer acuerdo nacional contra la corrupción.
Los participantes que se han convocado para integrar las mesas que componen cada plataforma son los siguientes:
a. Generadores de opinión;
b. Tanques de pensamiento;
c. Periodistas;
d. Partidos políticos;
e. Organizaciones de la sociedad civil (OSCʻs); y
f. Gremiales empresariales;
g. Especialistas.
La metodología bajo la cual se desarrollarán las diferentes plataformas es conocida como “Design Thinking“, la cual consiste en identificar las necesidades o problemas para generar posibles soluciones, bajo la modalidad de tipo participativa, donde los abordajes se realizan por la vía de la sensibilización, la observación, la definición, las propuestas, los consensos y finalmente la construcción del acuerdo anticorrupción.
Este acuerdo se concibe como resultado del diálogo y logro de consensos, para alcanzar un objetivo común de país, que requerirá sustentarse con planes, programas y políticas de Estado, así como la participación de toda la sociedad, en un tiempo que, generalmente, trasciende el periodo gubernamental.
A lo largo del desarrollo de las dos primeras plataformas, los participantes han coincidido en que la efectividad de dicho acuerdo requiere indispensablemente la adhesión de la sociedad y de que el Estado adopte los elementos ahí contemplados llevando a cabo medidas que permitan el logro del objetivo común.
Durante la primera plataforma, Diálogo y Sostenibilidad de Acuerdos, los participantes expresaron disensos y consensos sobre la problemática abordada. En tanto, durante la segunda plataforma, Diálogo Democrático y Generación de Agendas, definieron alternativas de solución a la problemática, orientadas a prevenir, detectar y castigar la corrupción.
Estas medidas, pensadas para prevenir, detectar y castigar la corrupción, han surgido de las mesas de diálogo y son planteadas desde diferentes dimensiones: culturales, sistémicas, de responsabilidad y rendición de cuentas, en un marco democrático y coherente con recomendaciones, estándares y buenas prácticas internacionales. Este cúmulo de iniciativas se ha aglutinado en torno a los siguientes siete ejes ordenadores:
1. Una nueva cultura, que valorice lo público y el respeto a la ley;
2. Educación centrada en la construcción de valores y ética de los ciudadanos;
3. Participación ciudadana activa;
4. Estado al servicio de la ciudadanía;
5. Sector privado comprometido con la integridad;
6. Sistema de justicia independiente y contra la impunidad;
7. Sistema político moderno con prácticas democráticas.
Cada eje incluye una serie de medidas, las que se espera sean asumidas total o parcialmente por los gobiernos venideros y las entidades estatales llamadas a realizar acciones de prevención y lucha contra la corrupción.
Es importante destacar que un acuerdo de país para la superación de sus dinámicas y problemas de corrupción es una hoja de ruta compleja y de largo plazo. Sus contenidos deben ser demandados por la ciudadanía y comprometidos por quienes aspiran a gobernar. La implementación debe estar en manos de múltiples actores, pero fundamentalmente del Estado, y centrarse en aspectos esenciales de la agenda que muestren una voluntad real de transformación del país.
Por la complejidad y envergadura de la tarea, los ejes de solución son múltiples y relacionados, ya que el combate a la corrupción requiere la participación y colaboración de distintos actores institucionales, políticos, sociales y económicos, sumando políticas, reformas e iniciativas de diversa naturaleza y duración. En tal sentido, los ejes de un acuerdo de país contra la corrupción son guías orientadoras para la acción, y para llamar a colaborar a los diversos actores en un esfuerzo coherente e integrado.
II. DESCRIPCIÓN DE LOS EJES
1. UNA NUEVA CULTURA, QUE VALORICE LO PÚBLICO Y EL RESPETO A LA LEY
Existe consenso de que la corrupción en El Salvador es un problema cultural de profundas raíces, y que los agentes de la corrupción están en todos los niveles sociales, económicos, políticos, públicos y privados. Además, se advierte que en los espacios de poder y de decisión existe arbitrariedad, corrupción e impunidad, tanto en autoridades como en funcionarios y empleados públicos, lo cual también se manifiesta en personas naturales, empresas y empresarios, incluso en universidades y diversas instancias de la sociedad.
Este es un país donde la complicidad es de todos, eso preocupa y en la base de esto se encuentra la corrupción. Ya no basta que los liderazgos políticos o sociales aparenten honestidad, se requiere más que eso, porque el Estado y la sociedad son más complejos y es necesario que haya controles institucionales y políticos.
La baja aplicación de la ley también es un factor que propicia la corrupción, observación que está respaldada por indicadores internacionales que muestran que en El Salvador hay un bajo nivel de imperio de la ley, y la experiencia cotidiana deja en evidencia que quien puede burlarla lo hace, sea cual sea su nivel social, económico o político.
Para enfrentar este problema que afecta a la sociedad salvadoreña, los participantes de las mesas consideran necesario trabajar para generar un cambio de cultura, que valorice lo público y el respeto a la ley. Esta tarea necesariamente ha de tomar un largo periodo de tiempo para ir concretándose, aunque las medidas se deben comenzar a tomar desde ahora. También consideran que este esfuerzo debe ser nacional, donde las instituciones públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil y el sector político participen activa y concertadamente para lograr este cambio.
Otra causa que potencia la presencia de actos corruptos, según las mesas de diálogo, es la debilidad y, en muchos casos, la ausencia de principios y valores morales y cívicos en la población. Lamentablemente, la familia salvadoreña, en una alta proporción, se encuentra fracturada, lo cual puede dificultar la socialización e internalización temprana de los principios y valores que debe tener y aplicar todo ser humano en su interacción social a través de toda su vida.
Por otra parte, se evidencia que, en muchos casos, los padres y madres delegan en las escuelas la esencial misión de la educación en valores básicos para la vida. Ante esta situación, se plantea que el sistema educativo, desde su inicio hasta la educación superior, tome el papel protagónico en inculcar principios y valores desde la niñez hasta la juventud.
Para enfrentar y resolver estos problemas, los participantes en las mesas de diálogo propusieron las siguientes medidas y acciones:
a. Llevar adelante una política de Estado cuya finalidad sea el fortalecimiento de valores y prácticas que destaquen el valor de lo público, el interés general y el civismo. Esta política para el cambio cultural debe iniciarse desde los gobiernos municipales, y apoyado desde entidades como el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros, que deben liderar la protección del interés general, la promoción de la integridad pública y la transparencia. Esta política de Estado debe convocar a aquellas entidades que fomentan el desarrollo del conocimiento, la formación y la investigación, como las universidades y otras instituciones educativas.
b. Desarrollar extensas campañas masivas y sostenidas para sensibilizar a la población sobre las perniciosas consecuencias del fraude social y la corrupción, estimulando el ejercicio de valores salvadoreños ligados al interés general, lo público, el cumplimiento de las leyes y la honestidad personal. Estas campañas deben ser responsabilidad de iniciativas público-privadas de amplia convocatoria y pluralismo que cuenten con la mayor legitimidad posible y con recursos dispuestos en la ley de presupuesto y en iniciativas con la cooperación internacional.
c. Que las autoridades de las instituciones de gobierno estimulen la participación ciudadana, que brinden información para que la ciudadanía se forme una opinión fundamentada, y abra espacios para consultas y participación de calidad, lo cual se logra mediante la retroalimentación que mejore las propuestas que surjan y eviten conflictos que generan incertidumbre.
d. El Estado debe promover planes y políticas para el desarrollo y la capacitación del talento humano, asignando recursos administrativos y financieros para mejorar el desarrollo de las competencias de los funcionarios públicos. Las normas técnicas y la formación también son factores promotores de la conducta debida en el Estado.
e. Implementar códigos de ética en las instituciones, reglamentos disciplinarios y claras medidas sancionatorias, para que las personas que integran la Administración Pública sirvan bajo un marco normativo bien definido, garantizando el pleno cumplimiento de la ley y cerrando así los espacios a la impunidad. Esto debe complementarse con una formación de los ciudadanos orientada al pleno conocimiento de sus derechos y deberes frente a la Administración Pública.
f. Romper con la apreciación cultural de que la corrupción es normal y aceptable. Para ello, se plantea la necesidad de buscar casos simbólicos que muestren ese cambio de valores, refundando el repudio a las conductas corruptas. Una manera de hacerlo es reconociendo las buenas prácticas éticas y de transparencia en el sector público y privado, identificando y premiando aquellas personas o entidades que son ejemplo del manejo transparente de los recursos.
g. Identificar a los agentes de cambio cultural más importantes, y convocarlos a un diálogo sostenido sobre las actitudes que se desean promover, fijando valores asociados a lo público, a la participación y al cumplimiento de la ley.
h. Crear programas gubernamentales disociados del clientelismo político, orientados a las familias desintegradas, con el objeto de protegerlas sostenidamente e impulsar el desarrollo de sus miembros. Debe generarse de forma sostenible más oportunidades para que las familias no sean fracturadas por la ausencia de oportunidades laborales o por causa de la inseguridad ciudadana.
Entrega completa: http://www.bksite.ujmd.edu.sv/la-universidad/especiales-matias
